NUEVA YORK.- Para miles de inmigrantes, una visita al médico, una ayuda para comprar alimentos o un subsidio para pagar la vivienda podrían adquirir a partir de esta semana un significado que hasta ahora no tenían dentro de muchos procesos migratorios.
La fecha que marca el cambio es el 18 de septiembre de 2026.
Recibe alertas de última hora
Inmigración, Nueva York, República Dominicana y noticias de investigación directamente en tu teléfono y computadora.
Gratis y puedes cancelar en cualquier momento.
Ese día, si un tribunal no suspende la medida antes, entrará en vigor la nueva regla de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional. La norma afectará solicitudes de admisión presentadas desde esa fecha y solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas electrónicamente a partir del mismo día.
La expresión carga pública existe desde hace décadas en la legislación migratoria. En términos sencillos, permite al gobierno determinar si una persona que solicita entrar al país o convertirse en residente permanente podría llegar a depender principalmente de la asistencia gubernamental.
Hasta ahora, bajo la regla adoptada en 2022, el análisis se concentraba principalmente en determinadas ayudas monetarias, como SSI, TANF y la institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno. Beneficios no monetarios como Medicaid o SNAP estaban generalmente fuera de esa evaluación.
Eso cambia sustancialmente.
La nueva política permite que USCIS considere prácticamente cualquier beneficio público basado en los ingresos o recursos económicos del solicitante. DHS señala expresamente que pueden entrar en el análisis programas como Medicaid, SNAP, WIC, asistencia de vivienda y otros beneficios federales, estatales o locales sujetos a límites económicos.
Pero hay una diferencia importante.
El simple hecho de recibir Medicaid o alimentos mediante SNAP no significa que una green card será negada automáticamente.
El oficial deberá observar el conjunto de las circunstancias de cada persona. Allí pueden entrar su edad, estado de salud, empleo, ingresos, recursos económicos, educación, habilidades laborales, situación familiar, duración de las ayudas recibidas y otros factores. Un beneficio será una pieza dentro de una evaluación mucho más amplia.
El problema para muchos inmigrantes es que la regla deja una discreción considerable en manos del funcionario que estudia el expediente.
Una persona que trabaja pero recibe temporalmente Medicaid podría ser evaluada de manera distinta a otra que lleva años dependiendo de varios programas. Del mismo modo, una ayuda recibida durante una crisis económica podría tener un peso diferente dependiendo de la situación completa del solicitante.
Las ayudas recibidas antes del 18 de septiembre no serán tratadas retroactivamente bajo las nuevas reglas, salvo aquellas que ya podían ser consideradas bajo la normativa anterior. Pero si una persona continúa recibiendo determinados beneficios después de esa fecha, podrían comenzar a entrar en la evaluación.
La medida tampoco afecta a todos los inmigrantes.
Refugiados, asilados, determinados solicitantes bajo VAWA y personas protegidas mediante visas T o U, entre otras categorías establecidas por ley, están exentas de la causal de carga pública en esos procesos.
Tampoco significa que un inmigrante deba abandonar inmediatamente los beneficios que recibe para sus hijos ciudadanos estadounidenses. DHS ha señalado que normalmente se analiza el beneficio recibido por el propio solicitante, aunque determinados aspectos económicos del hogar podrían formar parte de la evaluación.
Precisamente por esa complejidad, Nueva York y otros gobiernos acudieron este lunes a los tribunales.
Una demanda encabezada por varios estados y otra prese
Comentarios (0)
Sé el primero en participar en la conversación.