NUEVA YORK.- El temor que durante años ha acompañado a muchas familias inmigrantes regresó este lunes a las puertas de los tribunales federales de Manhattan.
Nueva York decidió enfrentar al gobierno del presidente Donald Trump por una nueva política migratoria que podría permitir que el uso de determinados programas públicos pese sobre una de las decisiones más importantes para un inmigrante en Estados Unidos, la posibilidad de obtener la residencia permanente.
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El alcalde Zohran Mamdani anunció el 14 de septiembre que la ciudad encabeza una demanda junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle, King County en Washington y Public Rights Project. El caso fue presentado ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Al mismo tiempo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lideró una segunda demanda respaldada por otros 21 estados y el Distrito de Columbia. Dos frentes judiciales distintos, presentados el mismo día y con un objetivo común, detener la nueva interpretación federal de carga pública antes de que comience a aplicarse.
La regla tiene fecha para entrar en vigor el viernes 18 de septiembre.
El Departamento de Seguridad Nacional había eliminado en julio la regulación adoptada durante la administración de Joe Biden en 2022, que establecía límites más definidos sobre los beneficios que podían considerarse en una evaluación de carga pública. La administración Trump sostiene que el cambio devuelve a los funcionarios de inmigración mayor capacidad para analizar las circunstancias particulares de cada solicitante.
Pero para Nueva York, esa amplitud es precisamente parte del problema.
La ciudad argumenta que la nueva política abre la puerta a considerar prácticamente cualquier beneficio público basado en ingresos y deja a los oficiales migratorios con un margen demasiado amplio para decidir quién podría convertirse en una carga para el gobierno.
El efecto, advierten las autoridades locales, puede sentirse mucho antes de que USCIS niegue una sola residencia.
Familias enteras podrían dejar de utilizar Medicaid, programas de alimentación, asistencia de vivienda u otros servicios por temor a perjudicar un caso migratorio. Incluso ciudadanos estadounidenses que viven dentro de hogares de estatus migratorio mixto podrían quedar atrapados en esa incertidumbre. DHS ha estimado que más de 950,000 personas podrían abandonar o evitar beneficios públicos como consecuencia de los cambios, aunque los gobiernos demandantes consideran que el impacto podría ser mayor.
Mamdani advirtió durante el anuncio que el miedo podría llevar a inmigrantes a evitar médicos y ayudas para las cuales tienen derecho legal. Para la ciudad, las consecuencias terminarían alcanzando también a hospitales, escuelas, programas sociales y gobiernos locales.
Desde Washington, la visión es completamente distinta.
DHS sostiene que la ley migratoria permite determinar si una persona podría convertirse en carga pública y que los inmigrantes que buscan admisión o ajuste de estatus deben demostrar autosuficiencia. USCIS ha defendido la eliminación de la regla de 2022 como una forma de permitir que sus oficiales consideren todos los factores relevantes en cada expediente.
La ciudad de Nueva York está diciendo a los inmigrantes que todavía no abandonen beneficios ni servicios por miedo. La propia Oficina de Asuntos del Inmigrante recuerda que los cambios aún no están vigentes y que muchas personas no están sujetas a la regla de carga pública.
Ahora quedan cuatro días.
Si los tribunales no intervienen, el 18 de septiembre comenzará a regir una política que vuelve a colocar la asistencia pública y el futuro migratorio de miles de familias dentro de la misma ecuación. Y Nueva York ha decidido que esa batalla se librará, otra vez, frente a un juez federal.
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