Nueva York.- La deportación de dominicanos desde Estados Unidos no termina cuando el avión aterriza en Santo Domingo. Para miles de personas, el proceso comienza con una detención, continúa con el encierro en cárceles o centros migratorios y concluye con la separación familiar, la pérdida de ingresos y el difícil retorno a la República Dominicana.
Según los datos presentados en mi libro de investigación periodística, en proceso de terminación, “Privatización de Prisiones en EE.UU. El Otro Wall Street”, entre 2005 y 2025 los registros parciales de agencias estadounidenses y dominicanas indican que entre 30,000 y 40,000 ciudadanos dominicanos fueron deportados desde Estados Unidos.
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Detrás de cada cifra existe un sistema que convierte la detención, el traslado y la expulsión en servicios contratados y facturados por empresas privadas. GEO Group y CoreCivic, principales administradoras de centros de detención y prisiones privatizadas mediante contratos con el gobierno federal, los estados y las autoridades migratorias.
Estos acuerdos suelen incluir pagos por cama ocupada o por día de custodia, aunque no existan prisioneros, lo que motiva a las autoridades estatales a mantener las ocupaciones llenas todo el tiempo y la materia prima son los presos.
En consecuencia, cada dominicano detenido representa una fuente de ingresos para compañías dedicadas a la vigilancia, la alimentación, las telecomunicaciones, el transporte y la seguridad. El gobierno decide quién es detenido y deportado, pero las empresas privadas se benefician de la expansión de esa política.
La detención prolongada aumenta sus ingresos, mientras los detenidos y sus familias asumen los costos legales, emocionales y económicos.
Una persona puede cumplir primero una condena penal y después permanecer bajo custodia migratoria mientras espera una audiencia o una orden de deportación. Aunque la detención migratoria es un procedimiento civil, sus condiciones se parecen a las de una prisión, matizada por vigilancia permanente, restricciones de movimiento, separación familiar y acceso limitado a abogados y servicios médicos.
Esta continuidad produce un doble castigo, primero la condena criminal y luego la detención administrativa.
El endurecimiento de la política migratoria
El libro analiza los datos recientes y encontró un aumento de la presión migratoria sobre la diáspora dominicana. La Dirección General de Migración recibió 3,704 dominicanos deportados desde Estados Unidos en 2024 y 4,110 en 2025, un incremento aproximado del 11 %. Durante los primeros ocho meses de 2026, las estadísticas atribuidas a esa institución registraron 2,391 deportaciones adicionales, principalmente por migración irregular y delitos relacionados con drogas.
El aumento también se refleja en los arrestos administrativos de ICE. Los registros disponibles contabilizan 2,401 arrestos de ciudadanos dominicanos en el año fiscal 2024 y 3,607 en 2025, un incremento cercano al 50 %. En el período comparable del año fiscal 2026, hasta el 6 de agosto, ICE registró 3,440 arrestos, frente a 2,996 durante el mismo período anterior.
Un aumento aproximado del 15 %. Para esa fecha, 699 dominicanos permanecían bajo custodia migratoria de ICE.
Entre 2012 y 2021, ICE registró 22,344 arrestos administrativos de ciudadanos dominicanos. La cifra corresponde a eventos de arresto y no permite determinar cuántas personas fueron arrestadas más de una vez. Al 30 de septiembre de 2024, 1,629 ciudadanos dominicanos se encontraban bajo custodia migratoria de ICE.
En el sistema federal de prisiones, los ciudadanos dominicanos representaron aproximadamente el 4 % de los 129,200 no ciudadanos encarcelados por el Bureau of Prisons entre los años fiscales 2017 y 2024. Esto equivale a unos 5,200 ciudadanos dominicanos acumulados durante ese período, no a 5,200 personas encarceladas simultáneamente.
No existe una cifra nacional completa sobre dominicanos recluidos en prisiones estatales y cárceles locales. Los datos del programa SCAAP cubren solo una parte de esa población.
La experiencia dominicana demuestra que el sistema de deportación ha sobrevivido a los cambios de gobierno. Durante las administraciones de Barack Obama se deportaron aproximadamente 21,000 dominicanos. Durante el primer mandato de Donald Trump fueron deportados 7,776. Bajo Joe Biden continuó la infraestructura de ICE, aunque con restricciones parciales a ciertos contratos penitenciarios.
La estructura fundamental se mantuvo marcada por detención, custodia privada, proceso migratorio y deportación.
La deportación transforma la vida de hijos, parejas y padres. En las familias de estatus migratorio mixto, algunos miembros son ciudadanos, otros residentes permanentes y otros carecen de documentos. Cuando el principal proveedor es detenido o deportado, puede producirse pérdida de vivienda, interrupción de estudios, endeudamiento y dependencia de familiares. Los niños pueden quedar bajo el cuidado de terceros.
En República Dominicana, los retornados enfrentan desempleo, estigmatización y falta de apoyo psicológico, legal y económico. La deportación no representa el final del castigo, sino la transferencia de sus consecuencias al país de origen.
El caso de la diáspora dominicana revela una industria transnacional que convierte la movilidad humana en rentabilidad empresarial. Cada deportación activa una cadena de abogados, tribunales, centros de detención, vuelos chárter, empresas de seguridad y proveedores de servicios.
La privatización convierte el encierro en negocio, mientras las familias dominicanas y la República Dominicana absorben sus consecuencias humanas y económicas.
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