Nueva York- El Faro Latino decidió solicitar formalmente al Tribunal Superior Administrativo la ejecución de la sentencia que ordenó a la Junta Central Electoral entregar las informaciones relacionadas con el presupuesto, manejo, transferencia, ejecución y liquidación de los recursos destinados al voto dominicano en el exterior durante las elecciones del 19 de mayo de 2024.
La decisión fue adoptada después de que un equipo especializado del periódico concluyera una auditoría y un cotejo técnico de los documentos entregados por la JCE. El examen desmontó lo que el medio considera una intentona evasiva de presentar un voluminoso conjunto de archivos como prueba de cumplimiento, aunque persistían importantes vacíos en las informaciones ordenadas por el tribunal.
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El proceso comenzó el 21 de octubre de 2024, cuando El Faro Latino y su director, Esteban Cabrera, solicitaron a la JCE, amparados en la Ley núm. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, revelar a cuánto ascendió el presupuesto general destinado a las elecciones dominicanas en el exterior de 2024 y entregar los documentos que demostraran cómo esos fondos fueron aprobados, distribuidos, transferidos y utilizados por las entonces Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEEs) actualmente identificadas como Oficinas de Servicio en el Exterior (OSE).
La petición incluyó presupuestos generales y por circunscripción, inventarios de recursos, constancias de aprobación, transferencias, movimientos bancarios, auditorías, liquidaciones, devoluciones y remanentes correspondientes a la organización de las elecciones fuera del territorio dominicano.
Ante la falta de una respuesta satisfactoria, el medio acudió al Tribunal Superior Administrativo (TSA). El 28 de mayo de 2025, la Cuarta Sala dictó la Sentencia núm. 0030-1642-2025-SSEN-00203, mediante la cual ordenó a la JCE y a su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, cumplir la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y entregar las informaciones requeridas.
La decisión concedió un plazo de sesenta días hábiles y francos a partir de su notificación. La sentencia fue notificada formalmente el 5 de diciembre de 2025 y posteriormente se certificó que no constaba ningún recurso de revisión constitucional en su contra en el Tribunal Constitucional (TC).
Después del vencimiento del plazo, El Faro Latino intimó nuevamente a la institución electoral mediante el Acto núm. 353/2026, del 28 de abril de 2026. La JCE respondió el 8 de mayo mediante el Acto núm. 86/2026 y puso a disposición un conjunto documental que presentó como cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, la auditoría realizada por el equipo especializado de El Faro Latino encontró que el volumen de documentos no permitía comprobar que la institución hubiera satisfecho cada uno de los puntos ordenados.
En la Circunscripción 1, que comprende Estados Unidos y Canadá, fueron localizados 1,642 archivos. La mayoría correspondía a liquidaciones, recibos, permisos, formularios y soportes relacionados con fondos específicos. Pero el análisis no logró identificar de manera completa y organizada los presupuestos aprobados, los estados bancarios, los contratos, la matriz de transferencias, las conciliaciones, las devoluciones y los remanentes exigidos.
El equipo también encontró un archivo de control con apartados destinados a bancos, contratos, pagos, viáticos, hallazgos y peticiones de información. Esos apartados aparecían vacíos, salvo el inventario general de archivos.
Entre los documentos examinados figura una relación denominada Pagos Mesas Exterior, con operaciones por RD$364,654,695.89. Aunque el archivo representa una pieza relevante, por sí solo no demuestra toda la cadena documental que debía conectar el presupuesto aprobado con las autorizaciones, transferencias, pagos, liquidaciones, devoluciones y balances finales.
La auditoría concluyó que entregar cientos de archivos sin identificar qué mandato satisface cada uno no constituye cumplimiento efectivo de la sentencia. También recomendó acudir nuevamente ante la Cuarta Sala, no para iniciar otro proceso ni discutir un derecho ya reconocido, sino para exigir la ejecución material de una sentencia firme.
La solicitud actualmente en curso, pide al TSA que compruebe el incumplimiento, ordene a la JCE completar la entrega de manera certificada y establezca una matriz que vincule cada punto solicitado con el documento correspondiente. También solicita medidas de instrucción y la imposición de una astreinte diaria si continúa la resistencia a cumplir.
Con esta decisión, El Faro Latino procura impedir que una entrega documental incompleta cierre un caso que mantiene sin respuesta una pregunta esencial sobre el uso de los recursos públicos. Al cierre de este artículo, el 15 de septiembre de 2026, habían transcurrido 2 años, 3 meses y 27 días desde las elecciones del 19 de mayo de 2024, sin que la diáspora dominicana todavía supiera cuánto costó la organización del voto en el exterior.
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