NUEVA YORK.- Los partidos dominicanos llevan años contemplando las urnas vacías del exterior sin comprender plenamente el mensaje. Han llamado apatía a lo que también puede ser rechazo. Han señalado las distancias, la falta de recintos y las dificultades logísticas, pero detrás de aquel silencio crece una amenaza mayor para el sistema político dominicano.
Cientos de miles de dominicanos dejaron de votar, pero conservaron ese derecho y continuaron empadronándose. Esa fuerza podría alterar las elecciones de 2028 si aparece una figura independiente, ajena a las estructuras tradicionales, capaz de convertirse ante la diáspora en un vengador social frente al clientelismo, las promesas incumplidas y el manejo cuestionado de los recursos públicos.
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En 2024, los 863,785 dominicanos habilitados para votar en el exterior representaron el 10.6 por ciento del padrón nacional y superaron los 785,287 electores de la provincia de Santiago, con 78,498 votantes más, la diáspora desplazó a Santiago y se convirtió en la segunda demarcación electoral más grande de la República Dominicana, únicamente detrás de la provincia Santo Domingo.
Vista como una sola unidad, aquella comunidad dispersa por Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe quedó transformada en una segunda capital electoral dominicana.
El voto dominicano en el exterior nació como una conquista democrática impulsada por José Francisco Peña Gómez durante el proceso político que condujo al Pacto por la Democracia de 1994. Tres décadas después, el académico Julio Bernardo Nicolás Vega de Boyrie propuso eliminarlo y reabrió un debate marcado por intereses partidarios, diputaciones de ultramar, recursos públicos y cuestionamientos sobre su utilidad.
Pero la diáspora ya había pronunciado su veredicto.
La participación alcanzó 66.82 por ciento en 2004. Cayó a 49.56 por ciento en 2008 y a 44.87 por ciento en 2012. Después de recuperarse hasta 48.70 por ciento en 2016, se desplomó a 21.79 por ciento en 2020 y descendió a 19.04 por ciento en 2024.
El descrédito partidario acompañó aquella retirada. Latinobarómetro 2024 encontró que solo el 28 por ciento de los dominicanos confiaba en los partidos. (Es decir, casi los militantes de las organizaciones políticas en el exterior), donde se extendió la percepción de que las organizaciones llegaban durante las campañas, distribuían promesas y posiciones y desaparecían después de contar los votos.
También crecieron los cuestionamientos sobre los fondos administrados por la Junta Central Electoral (JCE)
Una investigación de El Faro Latino examinó 18,800 documentos entregados por la JCE sobre los comicios de 2020. Una auditoría forense de Disla Doñé & Asociados identificó un déficit de US$4,618,696.76, equivalente entonces a RD$258,647,019. Los hallazgos fueron depositados ante la PEPCA, pero el expediente no avanzó ni se establecieron responsabilidades. La cronología de estos hallazgos se publicaron el libro “La Cara Rota de la Diáspora” de Esteban Cabrera, quien encabezó la investigación periodística.
La segunda investigación, también liderada por Cabrera, siguió la ruta del dinero y fondos electorales de 2024. Ante la entrega incompleta de la documentación, El Faro Latino acudió al Tribunal Superior Administrativo (TSA) y obtuvo la sentencia 0030-1642-2025-SSEN-00203, que ordenó a la JCE entregar toda la información.
La institución remitió 1,642 archivos, pero una auditoría determinó que continuaban faltando documentos esenciales. El periódico mantiene un procedimiento para ejecutar la sentencia. Al 22 de agosto de 2026 habían transcurrido dos años, tres meses y tres días desde aquellas elecciones, el país todavía desconocía el presupuesto completo del voto exterior, mientras la JCE sostenía con recursos públicos su defensa legal.
Las experiencias de Perú y Colombia demostraron que la diáspora puede decidir una presidencia cuando la competencia es cerrada. Si una figura creíble logra transformar el silencio dominicano en voto de castigo, el grito de “que se vayan todos” dejaría de expresar desencanto y se convertiría en una sentencia electoral.
Relacionado: la investigación sobre el voto dominicano en el exterior y la JCE.
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