HARTFORD, Connecticut.— Connecticut enfrenta un creciente debate sobre seguridad, privacidad y vigilancia después de revelarse que información recopilada por lectores automáticos de matrículas instalados en el estado fue consultada millones de veces por organismos policiales de distintas partes del país, incluyendo miles de búsquedas relacionadas con inmigración.
La controversia llevó al estado a aprobar nuevas restricciones, a algunos municipios a reconsiderar sus contratos y al gobernador Ned Lamont a solicitar una pausa en la instalación de nuevos lectores mientras se establecen reglas más claras sobre una tecnología que se ha expandido rápidamente.
Los dispositivos, conocidos como Automated License Plate Readers o ALPR, utilizan cámaras para fotografiar matrículas y convertirlas en información digital. También pueden registrar características del vehículo como marca, modelo y color. Para la Policía constituyen una herramienta para localizar automóviles robados, identificar vehículos vinculados con delitos, encontrar personas desaparecidas y reconstruir movimientos relevantes para investigaciones.
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Pero esas mismas cámaras registran los vehículos de miles de personas que no son sospechosas de ningún delito.
La controversia aumentó alrededor de sistemas operados por Flock Safety, compañía que ha desarrollado una extensa red de lectores utilizada por departamentos policiales y otras entidades en Estados Unidos. Registros obtenidos mediante solicitudes de información pública revelaron que durante 2025 agencias de prácticamente todo el país realizaron millones de consultas sobre datos capturados por cámaras de Connecticut.
Una investigación publicada en 2026 encontró además que información procedente de cámaras pertenecientes a por lo menos seis departamentos policiales de Connecticut había sido consultada miles de veces desde fuera del estado utilizando justificaciones relacionadas con inmigración, incluyendo referencias como ICE e ICE assist.
El hallazgo planteó una pregunta fundamental: datos obtenidos por un municipio de Connecticut para combatir delitos locales podían terminar siendo utilizados desde otra jurisdicción para propósitos diferentes.
Flock sostiene que no proporciona al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acceso directo e irrestricto a su sistema y que las agencias propietarias de los datos controlan su utilización. Sin embargo, la controversia también involucra la posibilidad de que otros departamentos policiales realicen consultas en apoyo de investigaciones migratorias.
La preocupación adquiere particular importancia porque Connecticut mantiene políticas que limitan determinadas formas de cooperación de autoridades estatales y locales con operaciones federales de inmigración. También surgieron interrogantes sobre posibles consultas relacionadas con servicios de salud reproductiva legalmente protegidos en Connecticut pero restringidos en otros estados.
La Asamblea General respondió con la Public Act 26-14, aprobada por Lamont en mayo. Parte fundamental de las nuevas disposiciones entra en vigor el próximo 1 de octubre.
La legislación establece como regla general un límite de 21 días para conservar datos obtenidos mediante estos lectores, con excepciones autorizadas, y restringe su utilización para investigaciones de supuestas violaciones migratorias. También impone nuevos límites al intercambio de información.
El Police Officer Standards and Training Council, POSTC, había adoptado además una política modelo para los lectores automáticos de matrículas, estableciendo estándares sobre acceso, almacenamiento, entrenamiento y utilización de los sistemas.
Pero la aprobación de la ley no terminó con las preocupaciones.
El 7 de agosto, Lamont pidió a los municipios detener temporalmente la instalación de nuevos lectores y otras tecnologías de vigilancia mientras POSTC desarrolla directrices adicionales. La solicitud no ordena retirar las cámaras existentes, sino frenar la expansión de la red mientras se revisan sus controles.
Algunos municipios ya han tomado decisiones propias. Windsor decidió no renovar su contrato con Flock Safety después de meses de cuestionamientos públicos sobre privacidad y acceso a los datos. Killingworth también decidió abandonar su relación con la compañía.
West Hartford mantiene una posición diferente. El municipio opera 35 cámaras Flock y paga aproximadamente 64,000 dólares anuales por el sistema. Su Policía sostiene que la tecnología ha contribuido a 218 arrestos, la recuperación de 38 vehículos robados y cientos de resultados investigativos.
Esas cifras reflejan la complejidad del debate. Los lectores pueden producir resultados concretos contra el crimen, pero para hacerlo construyen registros sobre los movimientos de enormes cantidades de vehículos cuyos propietarios nunca estuvieron bajo investigación.
Una investigación de WFSB identificó al menos 34 departamentos policiales de Connecticut utilizando lectores automáticos. La ACLU de Connecticut, ante la ausencia de un inventario estatal completo, presentó decenas de solicitudes de información pública para determinar la extensión de la red y cómo se utilizan sus datos.
Los jefes policiales han defendido la tecnología argumentando que permite localizar vehículos y sospechosos rápidamente, especialmente cuando los departamentos enfrentan limitaciones de personal. También destacan que las plataformas mantienen registros de las consultas, permitiendo auditar quién accedió a determinada información.
Los defensores de las libertades civiles sostienen que el problema va más allá del uso indebido. Cuestionan que gobiernos y empresas puedan construir bases de datos capaces de documentar los desplazamientos cotidianos de personas que nunca fueron sospechosas de cometer delitos.
Connecticut no ha prohibido los lectores automáticos de matrículas. Está intentando establecer hasta dónde pueden llegar.
La pregunta que queda abierta es cómo mantener una herramienta que las autoridades consideran efectiva contra el crimen sin convertirla en una infraestructura de vigilancia capaz de seguir los movimientos de ciudadanos y trasladar esa información mucho más allá de las comunidades donde fue recopilada.
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