WASHINGTON.- La ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra el turismo de nacimiento ya cuenta con una fuerza especial, acceso a historiales migratorios y más de 600 visas revocadas alrededor del mundo.
El Departamento de Estado anunció el 12 de agosto la creación de la Fuerza de Tarea para la Prevención del Turismo de Nacimiento. Su misión consiste en revisar las actividades de titulares de visas, cruzar datos de diferentes agencias e identificar a quienes hayan viajado o ayudado a otras personas a ingresar a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz.
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La iniciativa comenzó seis días antes, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14419. El documento autoriza a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional a endurecer sus políticas, negar visas, impedir admisiones, cancelar autorizaciones de viaje y actuar contra las redes que organizan estos desplazamientos.
La orden también permite, dentro de las facultades legales de cada agencia, revocar visas y considerar prohibiciones permanentes de entrada. Contempla además la expulsión de extranjeros que hayan participado anteriormente en esa práctica o planeen hacerlo.
Eso no significa que toda mujer embarazada perderá automáticamente su visa ni que viajar durante el embarazo constituya por sí solo una infracción migratoria. El elemento determinante será el propósito principal del viaje.
Desde enero de 2020, las normas consulares establecen que una visa de visitante no puede concederse cuando el objetivo principal consiste en dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense del niño. Una mujer que necesite atención médica especializada todavía puede solicitar una visa, pero deberá demostrar que una institución aceptó atenderla, explicar la duración del tratamiento y probar que puede cubrir los gastos.
La nueva orden amplía la ofensiva al definir el turismo de nacimiento como la entrada mediante cualquier visa de no inmigrante para dar a luz en territorio estadounidense. También alcanza a personas, empresas y organizaciones que faciliten el viaje.
Aunque suele atribuirse la medida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración, las visas son emitidas y revocadas por el Departamento de Estado. Los oficiales consulares evalúan las solicitudes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza decide la admisión en aeropuertos y fronteras, y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional pueden intervenir cuando la persona ya se encuentra en el país.
La fuerza especial está comparando historiales de viajes, duración de estadías, destinos declarados y datos conservados por distintas instituciones. Según el Gobierno, algunos facilitadores se presentan como doulas, parteras o asesores de bienestar, mientras ofrecen preparación para entrevistas consulares, alojamiento, hospitales y estrategias para esconder el verdadero motivo del viaje.
Entre los casos divulgados aparece una pareja que utilizó una conferencia y unas vacaciones como explicación para viajar en dos ocasiones y tener dos hijos en Estados Unidos. También figura una funcionaria extranjera que solicitó una visa para una visita oficial de una semana, permaneció tres meses y dio a luz antes de marcharse. Las visas fueron revocadas.
El mayor riesgo surge cuando existe una declaración falsa. El Departamento de Estado advierte que mentir deliberadamente sobre el propósito del viaje puede producir una inelegibilidad permanente para recibir una visa o entrar a Estados Unidos.
La medida no cancela la ciudadanía de los niños que ya nacieron en el país. Su objetivo inmediato es impedir el uso fraudulento de visas temporales, revisar casos anteriores y desmantelar las redes que comercializan estos viajes.
Para quienes ocultaron el verdadero motivo de su entrada, el nacimiento pudo haber ocurrido años atrás. La revisión de sus expedientes, sin embargo, apenas comienza.
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