Santo Domingo.– El Ministerio Público sostiene que un grupo de médicos habría participado en un esquema destinado a obtener pagos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante autorizaciones y reclamaciones correspondientes a consultas y procedimientos que presuntamente nunca fueron realizados.
Las imputaciones forman parte de la solicitud de medida de coerción presentada en la denominada Operación Cobra 2.0. De acuerdo con el expediente, el mecanismo investigado habría incluido el uso de datos personales de afiliados, solicitudes de autorización a través del centro de llamadas de SeNaSa y posterior presentación de reclamaciones sustentadas en documentación presuntamente falsificada.
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Fiscalía señala selección de afiliados
Según la acusación, los involucrados habrían seleccionado principalmente a asegurados con poca interacción previa con SeNaSa, una característica que presuntamente reducía las posibilidades de que las reclamaciones fueran detectadas o cuestionadas.
Una vez identificados los afiliados, se habrían solicitado autorizaciones a sus nombres y posteriormente presentado facturaciones correspondientes a consultas especializadas y otros procedimientos.
El Ministerio Público identifica entre los profesionales investigados a Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashel Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Méndez De Medina, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luís Manuel Tejada Moreno y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros.
La Fiscalía sostiene que algunos de estos profesionales habrían actuado en asociación con Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y otras personas incluidas en la investigación.
Afiliados niegan haber recibido servicios
Como parte de las diligencias, los fiscales entrevistaron a afiliados cuyos nombres aparecían vinculados a reclamaciones médicas.
En el caso atribuido al médico Víctor Felipe Rodríguez García, al menos ocho afiliados consultados por los investigadores dijeron no reconocer los servicios reclamados a SeNaSa utilizando sus datos.
El expediente también recoge el testimonio de Martha Isabel Mejía Ramos, quien habría manifestado no conocer a la ortopeda Martha María Saldaña Saldaña, pese a que en su historial aparecía registrada una consulta especializada con esa profesional.
Otro afiliado, Rafael Aníbal Rivas, tampoco habría reconocido varias consultas y servicios registrados posteriormente en su historial con médicos incluidos en la investigación.
Inacif examinó firmas de reclamaciones
La investigación incorpora además peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a firmas incluidas en formularios utilizados para reclamar pagos.
Según el Ministerio Público, en reclamaciones atribuidas a la doctora Yocaira Antonia Méndez de Medina, varios análisis concluyeron que determinadas firmas colocadas a nombre de afiliadas no coincidían con sus características caligráficas.
Una de las afiliadas había sido paciente de la especialista durante su embarazo, pero, de acuerdo con el expediente, negó haber recibido algunos de los procedimientos que posteriormente fueron reclamados a SeNaSa.
Fiscalía investiga movimientos financieros
El Ministerio Público sostiene que las autorizaciones, reclamaciones por servicios presuntamente inexistentes, documentación cuestionada y movimientos financieros identificados durante las pesquisas muestran un patrón que se habría repetido con diferentes profesionales.
Las autoridades investigan además cómo se habrían distribuido los recursos pagados por la aseguradora después de procesarse las reclamaciones.
Las afirmaciones forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público y deberán ser sustentadas ante los tribunales. Las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
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