Nueva Zelanda. El primer ministro Christopher Luxon anunció que su Gobierno presentará este lunes un proyecto de ley para impedir el acceso de menores de 16 años a determinadas redes sociales, mediante controles obligatorios para las empresas tecnológicas.
La iniciativa contempla multas equivalentes hasta al 10 % de los ingresos globales de las plataformas digitales que incumplan las disposiciones. La propuesta sigue el precedente establecido por Australia, que adoptó una prohibición similar en diciembre de 2025.
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Luxon sostuvo que el país no puede ignorar los efectos de estas plataformas sobre los niños y adolescentes. Según los datos citados por el mandatario, uno de cada tres jóvenes de entre 13 y 17 años utiliza las redes sociales durante al menos cinco horas diarias.
El gobernante afirmó que los menores quedan expuestos a contenidos perjudiciales, herramientas diseñadas para generar dependencia y presiones para las cuales todavía no están preparados. Esos factores, señaló, pueden afectar la salud mental, el descanso, la educación y las relaciones familiares.
El proyecto obligaría a servicios considerados de alto riesgo, como Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook, a adoptar medidas razonables de verificación de edad para confirmar que sus usuarios tienen al menos 16 años.
Entre los mecanismos permitidos figuran los datos disponibles en las cuentas, la estimación facial de edad, los servicios de identidad digital y los documentos oficiales. Las compañías también tendrían que revisar periódicamente los riesgos para los menores e informar las acciones tomadas para reducirlos.
La supervisión quedaría bajo un nuevo regulador de seguridad en Internet, adscrito al Departamento de Asuntos Internos. Esa oficina tendría facultades para investigar a las empresas, vigilar el cumplimiento de la normativa y aplicar las sanciones correspondientes.
La propuesta excluye servicios de mensajería como WhatsApp y Discord, además de videojuegos como Roblox. Tampoco incluye sistemas de inteligencia artificial orientados a la productividad, aunque sí abarcaría los denominados compañeros de IA que incorporan funciones sociales.
La ministra de Educación, Erica Stanford, aclaró que las obligaciones legales recaerían exclusivamente sobre las plataformas. Los niños, padres y tutores no enfrentarían sanciones, mientras el marco regulatorio podría ajustarse conforme avance la tecnología.
La aprobación parlamentaria permanece incierta. ACT y New Zealand First, socios de la coalición gubernamental, anticiparon que no respaldarán el proyecto, mientras el Partido Laborista, principal fuerza opositora, tampoco ha garantizado su apoyo.
La experiencia australiana también genera cuestionamientos sobre la eficacia de la medida. Una encuesta publicada en junio indicó que el 78 % de los menores continuaba utilizando las plataformas pese a la prohibición. Luxon reconoció que el sistema no será perfecto, pero afirmó que busca modificar conductas y proteger a futuras generaciones.
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