Puerto Plata, RD. Organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y representantes de sectores vinculados al turismo solicitaron formalmente la intervención de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y del presidente Luis Abinader, en relación con denuncias y preocupaciones surgidas en torno al desarrollo de un proyecto de biodigestor de residuos sólidos en una zona residencial y turística de la provincia.
Los denunciantes sostienen que el proyecto habría avanzado sin el nivel de participación comunitaria que consideran adecuado y en medio de cuestionamientos sobre aspectos administrativos y regulatorios que, según afirman, merecen revisión por parte de las autoridades competentes.
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La controversia por la instalación de un biodigestor para el reciclaje de residuos sólidos en las inmediaciones de la Urbanización Ciudad Universitaria ha escalado en las últimas semanas hasta convertirse en un conflicto de alcance provincial, acompañado de denuncias comunitarias, acciones legales, advertencias sanitarias y cuestionamientos públicos sobre el manejo institucional del proceso.
Directivos de una coalición de juntas de vecinos del Bloque Noroeste y del Comité Gestor de Moradores de la Urbanización Ciudad Universitaria informaron a la redacción de El Faro Latino que el pasado jueves 11 de diciembre una comisión del Ministerio de Medio Ambiente se trasladó desde Santo Domingo a Puerto Plata y celebró una vista pública que, según los denunciantes, no contó con notificación o convocatoria suficiente a la comunidad directamente impactada.
De acuerdo con los comunitarios, el encuentro se realizó sin el nivel de divulgación que ellos consideran necesario para garantizar participación efectiva de residentes e instituciones del entorno respecto al proyecto impulsado por la empresa Gestión Ambiental Punto Verde, vinculada al arquitecto Francisco E. Veras Paulino.
Las denuncias, respaldadas por documentación legal revisada por El Faro Latino, sostienen que el proyecto estaría desarrollando operaciones parciales o actividades preparatorias mientras el proceso de autorización ambiental continuaría en trámite, una situación que los denunciantes consideran improcedente. Este medio no ha obtenido, al momento de esta publicación, una determinación oficial definitiva sobre ese punto por parte de las autoridades competentes.
Según la documentación revisada, el proyecto se ubica próximo al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Puerto Plata, cerca de instalaciones escolares, establecimientos comerciales y zonas residenciales y turísticas, factores que explican la preocupación expresada por residentes del área.
Los vecinos también afirman que el propietario habría iniciado la construcción de una segunda estructura dentro del terreno del proyecto. Esa afirmación forma parte de los señalamientos comunitarios y no constituye una conclusión independiente de este medio.
Ante este escenario, juntas de vecinos y el Comité Gestor activaron acciones legales formales. La documentación revisada refleja una oposición organizada al proyecto basada en argumentos relacionados con zonificación, salud pública, medio ambiente y cumplimiento regulatorio.
Entre los documentos figura un acto de intimación y puesta en mora notificado por alguacil, mediante el cual se formulan requerimientos legales al propietario del proyecto y se advierte sobre posibles acciones judiciales adicionales.
Los comunitarios insisten en que su oposición no está dirigida contra la actividad de reciclaje como concepto general, sino contra la ubicación específica del proyecto. Expresan preocupaciones relacionadas con posibles efectos sanitarios, ambientales y de convivencia comunitaria, e instan a las autoridades municipales, sanitarias, ambientales y judiciales a revisar el caso.
La controversia también ha trascendido el ámbito local. Medios de comunicación, programas radiales, plataformas digitales y redes sociales han dado seguimiento al caso, mientras diversos sectores han expresado preocupación sobre el posible impacto del proyecto en la imagen turística y la actividad económica de Puerto Plata.
Empresarios, académicos, residentes y otros actores consultados han manifestado inquietudes sobre posibles repercusiones en salud pública, actividad comercial y percepción del destino turístico, dada la ubicación del proyecto.
Pese a las objeciones presentadas por sectores comunitarios, el proceso relacionado con el proyecto ha continuado, circunstancia que ha incrementado el nivel de preocupación entre los denunciantes.
El Faro Latino revisó documentación que incluye una comunicación atribuida al propio promotor del proyecto relacionada con la convocatoria a una vista pública. Sectores comunitarios interpretan ese proceso como insuficiente, aunque esa valoración corresponde exclusivamente a los denunciantes.
Para quienes se oponen al proyecto, la continuidad del proceso pese a las objeciones legales y comunitarias refuerza la necesidad de una revisión institucional más amplia. Esa posición corresponde a los sectores denunciantes.
La oposición comunitaria cuenta, según la documentación revisada, con respaldo formal de miembros del Comité Gestor de Moradores de la Urbanización Ciudad Universitaria y presidentes de múltiples juntas de vecinos del Bloque Noroeste de Puerto Plata. Los actos legales revisados fueron notificados por oficiales competentes, lo que confirma la existencia formal del reclamo jurídico.
Ante lo que describen como ausencia de respuestas satisfactorias, los denunciantes han elevado sus reclamos a instancias superiores del Estado, solicitando la intervención de la procuradora general de la República y del presidente Luis Abinader para que el caso sea examinado dentro del marco institucional correspondiente.
El Faro Latino mantiene abierta la disposición de incorporar la versión formal de la empresa promotora del proyecto, sus representantes legales y las autoridades involucradas, como parte del principio de equilibrio informativo y derecho de réplica.
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