Nueva York. La provincia de Puerto Plata, en la República Dominicana, atraviesa un escenario de creciente tensión en torno a la instalación de un proyecto de biodigestor y reciclaje de plásticos ubicado en una importante vía de acceso turístico, en medio de denuncias comunitarias, acciones legales en curso y un proceso oficial de evaluación aún sin conclusión definitiva, según una investigación periodística en desarrollo de El Faro Latino.
Comunitarios dirigieron un llamado al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, Armando Paíno Henríquez, solicitando atención al caso y expresando su expectativa de que las autoridades nacionales revisen la situación planteada por residentes del sector Ciudad Universitaria Cafemba, en Puerto Plata.
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Los residentes sostienen que el ministro podría no haber recibido información completa sobre el conflicto que, según afirman, afecta a esa comunidad y otras zonas aledañas.
De acuerdo con denuncias y documentación revisada por este medio, sectores comunitarios cuestionan si el proyecto habría iniciado actividades parciales mientras continúan procesos regulatorios relacionados con permisos y autorizaciones correspondientes. Al momento de esta publicación, El Faro Latino no ha obtenido una determinación oficial definitiva e integral de las autoridades competentes sobre ese punto específico.
El Faro Latino intentó comunicarse con Jeremías Ureña Cid, presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata, y con Raúl Enrique Brugal Meyreles, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente en Puerto Plata. Hasta el cierre de esta publicación, no se había recibido respuesta a llamadas o mensajes enviados por este medio.
Cuestionamientos sobre el desarrollo del proyecto y proceso regulatorio
De acuerdo con la investigación periodística de El Faro Latino y con denuncias documentadas revisadas por este medio, comunitarios sostienen que el biodigestor podría estar desarrollando actividades parciales mientras su proceso de autorización ambiental continúa en evaluación, y que dentro del mismo terreno se habrían ejecutado trabajos adicionales cuya situación regulatoria también ha sido cuestionada por opositores al proyecto.
Estas circunstancias han generado inquietud dentro de la comunidad, donde algunos sectores han solicitado revisión institucional por parte de autoridades competentes, incluyendo organismos del sistema de justicia y supervisión ambiental, dentro de los mecanismos legales correspondientes.
El proyecto, impulsado por la empresa Gestión Ambiental Punto Verde y vinculado al arquitecto Francisco E. Veras Paulino, se desarrolla en una zona de alto tránsito entre Amber Cove y el centro histórico de Puerto Plata, en un entorno que incluye áreas residenciales, restaurantes, instalaciones escolares, el recinto Puerto Plata de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y complejos turísticos cercanos como Costambar y Cofresí.
En el plano institucional, las entrevistas realizadas por El Faro Latino reflejan respuestas limitadas o procesos aún inconclusos.
El director regional norte del Ministerio de Turismo, Atahualpa Paulino, indicó inicialmente en conversación telefónica no tener conocimiento del proyecto y solicitó documentación para revisar el caso. Según registros de este medio, posteriormente no respondió nuevos intentos de contacto.
Por su parte, el procurador de Medio Ambiente de Puerto Plata, Elvis García, informó a este periódico que no ofrece información oficial por vía telefónica y que solo responde mediante solicitudes formales o encuentros presenciales. También indicó que no emitiría comentarios sobre el caso al no tratarse, según expresó, de un asunto sometido formalmente ante su despacho en ese momento.
La intervención de una comisión del Ministerio de Medio Ambiente enviada desde Santo Domingo también ha sido objeto de cuestionamientos comunitarios.
Durante conversación con este medio, una funcionaria identificada como María Isabel indicó que se habían realizado entrevistas y levantamientos técnicos, pero que la evaluación no había concluido, por lo que los resultados serían remitidos posteriormente a instancias superiores.
La funcionaria no ofreció detalles adicionales y no respondió nuevos intentos de contacto posteriores relacionados con preguntas adicionales formuladas por este medio.
Según denunciantes, una vista pública vinculada al proceso no habría contado con convocatoria directa suficiente hacia comunidades que se consideran impactadas por el proyecto. Esa afirmación corresponde a la posición de los sectores comunitarios consultados.
En materia de salud pública, el inspector provincial de salud pública ambiental, Luis Lorenzo Marmolejos, indicó durante entrevista con este medio que, según su conocimiento, el proyecto no contaba con autorización emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y que, en consecuencia, Salud Pública tampoco había emitido aprobación operativa correspondiente.
El funcionario también describió procesos asociados a biodigestores y reciclaje como modelos utilizados en otras jurisdicciones y mencionó posibles beneficios ambientales en determinados contextos, aunque reconoció la existencia de quejas comunitarias relacionadas con olores en la zona.
En el ámbito comunitario, la oposición ha sido descrita como organizada y sostenida.
Residentes consultados señalaron que instalaciones similares suelen ubicarse en zonas apartadas de áreas densamente residenciales o comerciales, percepción que ha sido utilizada como punto de comparación frente a la ubicación del proyecto cuestionado.
Hofranyi Bonilla García, presidente de la Junta de Vecinos Ciudad Universitaria Cafemba, afirmó que múltiples juntas de vecinos mantienen oposición articulada frente a la instalación del biodigestor y la recicladora.
Según su testimonio, el proyecto estaría operando o desarrollando actividades sin contar con todas las autorizaciones requeridas, apreciación que corresponde a su posición y no constituye una conclusión independiente definitiva de este medio.
Bonilla García también afirmó que el impacto ya sería perceptible en negocios cercanos, instalaciones universitarias y áreas residenciales, además de expresar preocupación sobre posibles efectos en la imagen turística del destino.
Asimismo, sostuvo que la circulación de camiones, manejo de residuos y emisiones asociadas al proyecto habrían contribuido, según su apreciación, a deteriorar condiciones del entorno.
El dirigente comunitario también cuestionó la actuación de la comisión ministerial, señalando que, según su versión, no se habría realizado consulta formal suficiente con juntas de vecinos directamente afectadas.
De acuerdo con documentación revisada por este medio, más de diez juntas de vecinos han impulsado acciones legales y movilización comunitaria relacionadas con el caso, respaldadas por actuaciones legales notificadas formalmente.
En el plano económico, comerciantes del área también han expresado preocupación.
Esequiel González, propietario de la Pescadería Las Hermanitas, afirmó que percibe afectaciones económicas vinculadas al entorno generado por la instalación del proyecto, incluyendo olores que, según su testimonio, habrían afectado la experiencia de clientes.
Según su relato, algunos consumidores abandonaban el establecimiento tras percibir olores desagradables en la zona.
González también expresó su percepción de que actividades industriales simultáneas podrían estar generando efectos acumulativos en el entorno inmediato.
El expediente legal revisado por este medio documenta oposición organizada a la instalación del proyecto en esa ubicación específica, incluyendo argumentos relacionados con zonificación, salud pública, medio ambiente y cumplimiento regulatorio.
El caso continúa bajo evaluación por autoridades competentes y, hasta el momento de esta publicación, no existe una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
Dentro del debate público han surgido denuncias, cuestionamientos y percepciones sobre posibles irregularidades o apoyos institucionales al proyecto. Esas afirmaciones corresponden a los denunciantes y no constituyen hechos establecidos por decisión oficial o judicial.
El Faro Latino mantiene abierta la disposición de incorporar la posición formal de la empresa promotora del proyecto, sus representantes legales y cualquier autoridad involucrada, en observancia del equilibrio informativo y el derecho de réplica.
Esta es una noticia en desarrollo.
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