SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Cuatro años después de abandonar el Ministerio de Educación, Roberto Fulcar creyó encontrar en una auditoría de la Cámara de Cuentas el documento que finalmente limpiaría su nombre. El exfuncionario aseguró que la investigación no había encontrado irregularidades y proclamó que el tiempo había colocado cada cosa en su lugar.
Sin embargo, una lectura más amplia del informe muestra una realidad menos favorable. Aunque la Cámara de Cuentas no atribuye directamente a Fulcar la comisión de un delito, documentó pagos y contrataciones sin soportes financieros suficientes, incumplimientos contractuales, deficiencias en nóminas y fallas en los controles de inventarios y equipos tecnológicos.
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Entre los hallazgos aparece la ausencia de documentación para sustentar operaciones por RD$74.6 millones. También se identificaron contratos incumplidos y materiales educativos sin distribuir relacionados con aproximadamente RD$697 millones, además de diferencias cercanas a RD$7.7 millones en registros de equipos informáticos.
La investigación especial examinó el período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022. Ese intervalo coincide con la gestión completa de Fulcar y comprende contrataciones, ejecución de pagos, adquisiciones de bienes y servicios, recursos financieros, equipos tecnológicos, inventarios y nóminas.
Los auditores también encontraron expedientes incompletos de empleados, debilidades en los controles administrativos y deficiencias relacionadas con obras escolares. Esas observaciones no constituyen por sí mismas pruebas de enriquecimiento ilícito o malversación, pero tampoco pueden reducirse a simples recomendaciones sin consecuencias.
Uno de los episodios más delicados fue la licitación de 752,000 computadoras y tabletas, valorada en RD$10,324.4 millones. La Dirección General de Contrataciones Públicas determinó que el Ministerio de Educación aplicó criterios diferentes de los establecidos en el pliego y excluyó indebidamente ofertas.
Las decisiones de Contrataciones Públicas afectaron 51 de los 56 lotes adjudicados. En lugar de aceptar las resoluciones, el Ministerio de Educación acudió al Tribunal Superior Administrativo para intentar anularlas. El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que devolvió el expediente al tribunal administrativo. En 2024, bajo otra administración, el Minerd desistió de la acción y el caso quedó archivado definitivamente.
A ese proceso se sumó la controvertida adquisición de libros digitales. Tras abandonar Educación, Fulcar acudió voluntariamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y entregó documentos sobre la licitación. Sin embargo, depositar documentos no equivale a recibir una certificación de inocencia. Hasta ahora no se conoce una acusación penal formal contra el exministro por ese expediente, pero tampoco una decisión judicial que examine el fondo de las denuncias.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil también quedó atrapado en el ruido. Durante la gestión de Fulcar se denunciaron irregularidades en la contratación del almuerzo escolar, proveedores favorecidos sin cumplir todos los requisitos, oferentes habilitados que fueron excluidos y matrículas presuntamente abultadas para aumentar las raciones pagadas.
Una investigación ordenada por el propio ministerio reconoció “fallas importantes” en las operaciones del Inabie. El principal funcionario señalado fue su entonces director, Cecilio Rodríguez, por lo que no resulta jurídicamente correcto transferir automáticamente esas imputaciones a Fulcar sin demostrar su intervención directa.
La acumulación de controversias alcanzó su punto más alto el 3 de agosto de 2022. Mediante el Decreto 414-22, el presidente Luis Abinader sustituyó a Fulcar por Ángel Hernández. El Gobierno nunca explicó oficialmente que la remoción estuviera motivada por corrupción, aunque ocurrió en medio de los escándalos sobre libros digitales, dispositivos, nóminas e Inabie.
Fulcar tampoco fue expulsado completamente del tren gubernamental. Abinader lo designó inmediatamente ministro de Estado sin Cartera, una salida política que redujo su poder administrativo, pero preservó su vinculación con el Gobierno.
El informe de la Cámara de Cuentas deja ahora dos verdades coexistiendo. Roberto Fulcar no ha sido condenado ni acusado formalmente por corrupción durante su paso por Educación. Pero la gestión que encabezó tampoco recibió el certificado absoluto de transparencia que intenta presentar. Detrás de aquella proclamación permanecen millones sin soportes, contratos incumplidos y preguntas que todavía esperan una respuesta institucional.
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