CALI, Colombia.— La histórica posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia se desarrolla este viernes en Cali bajo un extraordinario dispositivo de seguridad, después de advertencias sobre posibles acciones terroristas, recientes incautaciones de explosivos y armamento en la región y el reforzamiento de las operaciones de inteligencia contra estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en el suroccidente colombiano.
La preocupación de las autoridades aumentó considerablemente apenas dos días antes de la ceremonia.
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El miércoles 5 de agosto, organismos de inteligencia y unidades del Bloque de Búsqueda para el Multicrimen interceptaron un autobús de servicio público acondicionado para transportar explosivos a unos 35 kilómetros al sur del lugar donde se celebra la posesión presidencial.
En el vehículo fueron encontrados siete cilindros cargados con aproximadamente 420 kilos de explosivos y siete plataformas de lanzamiento ocultas dentro de su estructura.
Las investigaciones apuntaron hacia el Bloque Occidental Jacobo Arenas, una de las principales estructuras de las disidencias de las antiguas FARC que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Hasta ahora, sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente de manera concluyente que ese cargamento tuviera como objetivo directo atacar la ceremonia presidencial. La proximidad geográfica, el momento del hallazgo y los antecedentes violentos de la región llevaron a reforzar todavía más las medidas preventivas.
El presidente saliente Gustavo Petro ya había elevado la alarma.
El 4 de agosto advirtió sobre informaciones relacionadas con la presencia de grandes cantidades de explosivos en Cali y posibles planes de organizaciones vinculadas al narcotráfico para ejecutar acciones violentas.
Las afirmaciones más específicas del mandatario sobre la cantidad de explosivos y las posibles motivaciones políticas detrás de eventuales ataques no han sido confirmadas independientemente. Sin embargo, informes de inteligencia conocidos durante los preparativos de la posesión sí identificaron riesgos que obligaron a las autoridades a desplegar un amplio esquema de protección.
Una región marcada por los explosivos
La preocupación no comenzó esta semana.
El pasado 24 de abril, el Cantón Militar Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, fue blanco de un atentado ejecutado mediante un vehículo acondicionado con cilindros explosivos.
El Ejército atribuyó preliminarmente aquella acción a la estructura Jaime Martínez, perteneciente también a las disidencias asociadas con Iván Mordisco.
Otros artefactos fueron localizados alrededor de las instalaciones militares y posteriormente neutralizados.
Dos presuntos integrantes de esa estructura fueron capturados en junio por su posible participación en el ataque. Durante las operaciones fueron decomisados explosivos, equipos de comunicaciones y otros elementos de uso restringido.
La capacidad armada de estos grupos volvió a quedar expuesta semanas después.
El 22 de junio, una operación conjunta del Ejército y la Policía descubrió en Yumbo, municipio situado al norte de Cali, un importante depósito clandestino atribuido igualmente a la estructura Jaime Martínez.
Las autoridades encontraron 26 fusiles de diferentes características, alrededor de 300 proveedores, aproximadamente 6,300 cartuchos, siete drones y cerca de 300 granadas que podían ser empleadas desde aeronaves no tripuladas.
Las investigaciones oficiales indicaron que aquel arsenal procedía de la región del Naya, en Buenaventura, y tendría como destino estructuras armadas que operan en otras regiones del país. Por esa razón, tampoco existe evidencia para vincular directamente ese cargamento con la posesión presidencial.
El hallazgo, sin embargo, confirmó la capacidad logística, tecnológica y militar de organizaciones ilegales presentes en el corredor del Valle del Cauca.
Drones prohibidos y porte de armas restringido
Ante ese escenario, las autoridades adoptaron medidas especiales para proteger la ceremonia.
El espacio aéreo alrededor de puntos estratégicos fue sometido a controles extraordinarios y se restringió el uso de drones particulares.
El dispositivo comprende no solamente Cali. Las operaciones de seguridad alcanzan municipios y corredores estratégicos como Palmira, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, además de Jamundí, Candelaria, Pradera y Florida.
También fueron suspendidos temporalmente los permisos para portar armas de fuego y armas traumáticas en el Valle del Cauca. La restricción comenzó a la medianoche del 6 de agosto y permanecerá vigente hasta las 6:00 de la mañana del domingo 9.
Las autoridades ofrecieron además una recompensa de hasta 500 millones de pesos colombianos por información que permita anticipar o impedir posibles acciones terroristas.
Más de 6,000 policías adicionales
El tamaño del dispositivo desplegado alrededor de la posesión refleja el nivel de prevención.
Más de 6,300 policías adicionales fueron movilizados para reforzar la seguridad, junto con unidades militares y componentes de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
La operación incluye vigilancia terrestre, inteligencia, controles de acceso, protección de las delegaciones internacionales y monitoreo aéreo.
La Fuerza Aeroespacial movilizó más de 15 aeronaves entre aviones y helicópteros, además de equipos especializados para la vigilancia del espacio aéreo.
Durante las horas previas a la ceremonia se realizaron incluso pruebas relacionadas con el traslado aéreo y el aterrizaje del helicóptero presidencial dentro del complejo donde tiene lugar la investidura.
La seguridad también se extendió a las rutas que comunican el aeropuerto con Cali y a los desplazamientos de las delegaciones extranjeras.
Protestas en una ciudad políticamente simbólica
Al complejo escenario de seguridad se suman las manifestaciones convocadas por sectores opositores a De la Espriella.
Una de las concentraciones tiene como punto de referencia Puerto Resistencia, lugar convertido en símbolo nacional durante las protestas sociales de 2021.
Sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos anunciaron movilizaciones coincidiendo con la llegada del nuevo gobierno.
Las autoridades, sin embargo, han mantenido separados ambos escenarios.
Las manifestaciones políticas y sociales no constituyen por sí mismas una amenaza terrorista y no existe evidencia que permita vincular a quienes participan legalmente en ellas con las estructuras armadas ilegales investigadas por los organismos de seguridad.
Una posesión histórica rodeada de seguridad excepcional
La ceremonia de este viernes ya estaba destinada a convertirse en un acontecimiento excepcional.
Por primera vez en la historia moderna de Colombia, la transmisión del mando presidencial fue trasladada fuera de Bogotá después de que Senado y Cámara de Representantes acordaran llevar temporalmente la sede del Congreso a Cali.
Pero la decisión colocó también uno de los acontecimientos políticos más importantes del país en una región donde confluyen rutas del narcotráfico, organizaciones armadas ilegales y estructuras disidentes con capacidad demostrada para utilizar explosivos, drones y armamento de guerra.
El ataque de abril contra instalaciones militares, el arsenal encontrado posteriormente en Yumbo, las advertencias de inteligencia y, finalmente, la aparición esta semana de un vehículo con aproximadamente 420 kilos de explosivos terminaron elevando las precauciones al máximo nivel.
Este viernes, mientras Abelardo de la Espriella presta juramento como presidente de Colombia, miles de policías y militares permanecen desplegados dentro y alrededor de Cali.
La primera posesión presidencial fuera de Bogotá en la historia moderna colombiana llega así rodeada no solamente por su enorme significado político, sino por una de las operaciones de seguridad más complejas organizadas en el país para una transmisión del poder.
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