PUERTO PLATA, República Dominicana.– Nuevas denuncias sobre el manejo de residuos sólidos procedentes de embarcaciones que llegan a los puertos de Puerto Plata han reavivado las preocupaciones ambientales y sanitarias en esta provincia turística, donde El Faro Latino mantiene abierta una investigación sobre la controvertida instalación de un biodigestor y una planta de reciclaje en las proximidades de comunidades residenciales.
Los señalamientos apuntan a presuntas deficiencias en la recogida, transporte y disposición final de desperdicios provenientes de los dos principales complejos portuarios de la provincia, uno dedicado al turismo de cruceros y otro que combina operaciones turísticas y comerciales.
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De acuerdo con la denuncia recibida por este periódico, entre los materiales retirados de las embarcaciones figuran restos de alimentos, envases de bebidas y otros desechos cuya composición y procedencia específica no habrían sido sometidas a controles sanitarios suficientemente rigurosos.
La información sostiene que trabajadores encargados de manipular estos residuos realizan labores utilizando sacos abiertos, sin guantes, mascarillas ni vestimenta especializada para protegerse de posibles agentes contaminantes.
Sin embargo, estas afirmaciones requieren una inspección oficial que permita establecer las condiciones reales de trabajo, identificar a las empresas responsables y determinar si se cumplen los protocolos sanitarios exigibles.
La denuncia adquiere mayor gravedad por otro señalamiento que establecen que parte de esos desperdicios supuestamente no estaría llegando a instalaciones autorizadas para su tratamiento o disposición final, sino que sería descargada a cielo abierto en urbanizaciones del municipio de Puerto Plata.
De comprobarse, estas prácticas podrían representar riesgos de contaminación del suelo, proliferación de insectos y roedores, generación de malos olores y exposición de trabajadores y residentes a agentes patógenos.
La situación también plantea interrogantes sobre la trazabilidad de los residuos retirados de las embarcaciones, las autorizaciones de los operadores encargados de transportarlos y la supervisión ejercida por las instituciones competentes.
Una controversia ambiental que continúa sin respuestas definitivas
Estas nuevas denuncias se producen meses después de que El Faro Latino publicara una serie de investigaciones sobre el proyecto de biodigestor impulsado por la empresa Gestión Ambiental Punto Verde, vinculada al arquitecto Francisco E. Veras Paulino, en las inmediaciones de la urbanización Ciudad Universitaria Cafemba.
En aquella investigación, publicada en mayo de 2026, representantes de más de diez juntas de vecinos expresaron su oposición a la ubicación del proyecto, cuestionaron aspectos de su proceso de autorización ambiental y denunciaron posibles afectaciones a comunidades, establecimientos comerciales e instalaciones educativas cercanas.
El conflicto motivó actuaciones legales y solicitudes de intervención dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría General de la República y la Presidencia.
Durante las indagaciones realizadas por este periódico, el inspector provincial de Salud Pública Ambiental, Luis Lorenzo Marmolejos, indicó que, según su conocimiento en aquel momento, el proyecto no contaba con autorización ambiental y que Salud Pública tampoco había emitido la aprobación operativa correspondiente.
Aquellas declaraciones reflejaban el estado del proceso en mayo. No se dispone de una actualización oficial que permita establecer si posteriormente fueron otorgados los permisos cuestionados.
Aunque las nuevas denuncias sobre residuos portuarios se producen en el contexto de esa controversia, todavía no se ha establecido una relación directa entre los desperdicios supuestamente descargados en zonas residenciales y las operaciones del biodigestor investigado.
Piden intervención directa del presidente Abinader
Ante estos señalamientos, los denunciantes solicitaron al presidente Luis Abinader ordenar una investigación exhaustiva que permita determinar cómo se recogen, transportan, procesan y depositan los residuos procedentes de las embarcaciones que arriban a Puerto Plata.
El reclamo incluye una revisión de las responsabilidades del Ayuntamiento, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y las autoridades portuarias, cada institución dentro de sus competencias legales.
También se plantea la necesidad de identificar los lugares utilizados para descargar los desperdicios, comprobar sus autorizaciones y establecer si existen registros verificables sobre el volumen y la naturaleza de los materiales transportados.
Los denunciantes advierten que la ausencia de controles adecuados podría favorecer la aparición de enfermedades y generar consecuencias sanitarias para comunidades cercanas. No obstante, hasta ahora no se han presentado evidencias epidemiológicas que permitan afirmar que exista un brote infeccioso relacionado con estos residuos.
Puerto Plata constituye uno de los principales destinos turísticos de la República Dominicana. La actividad de cruceros, el movimiento comercial y la proximidad de zonas residenciales convierten la gestión de desperdicios en un asunto que trasciende la limpieza municipal y alcanza directamente la protección ambiental y la salud pública.
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, junto con la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos 225-20, establece un marco de obligaciones para la gestión ambiental y el manejo de desperdicios en territorio dominicano.
El Faro Latino considera necesario que las autoridades esclarezcan estas denuncias mediante inspecciones documentadas, determinen si existen incumplimientos y hagan públicos los resultados.
Mientras persistan los cuestionamientos sobre el biodigestor y ahora se sumen denuncias relacionadas con residuos portuarios, permanece una pregunta que las autoridades deberán responder: ¿quién controla el destino final de los desperdicios que llegan a Puerto Plata y qué garantías existen de que no terminen contaminando sus comunidades?
La investigación periodística continúa abierta y este medio mantiene su disposición de recibir las explicaciones de las autoridades, empresas portuarias y operadores ambientales mencionados en los señalamientos.
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