VUELTA LARGA, Imbert, Puerto Plata. Lo que durante años fue una tranquila comunidad rural del municipio de Imbert se ha convertido, según sus residentes, en un lugar donde el hedor y la contaminación ambiental forman parte de la vida cotidiana.
Decenas de familias de la sección Vuelta Larga denunciaron a El Faro Latino que la operación de tres explotaciones porcinas ubicadas en distintos puntos de la comunidad ha generado una situación que califican de insostenible debido a los malos olores, la proliferación de moscas y las molestias permanentes que afectan la calidad de vida de los habitantes.
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La preocupación es mayor entre los adultos mayores. En la comunidad residen personas entre 80 y más 100 años de edad que, según sus familiares y vecinos, viven en constante desasosiego porque no pueden abrir las puertas y ventanas de sus hogares sin que el fuerte olor invada sus viviendas.
Una investigación de El Faro Latino
Como parte de una investigación periodística, El Faro Latino verificó la existencia de tres explotaciones porcinas señaladas por la comunidad como las principales generadoras de la contaminación ambiental denunciada.
La primera se encuentra en terrenos de la familia Escarfuller y es operada por Johan López, hijo de Elpidio López; Ambioris Henríquez, hijo de Enerio; y Cristian, hijo de Denny Escarfuller.
La segunda está ubicada en el lugar conocido como La Cañada, debajo de la residencia de Antonia, y corresponde a Félix Rodríguez, conocido en la comunidad como «Rolandito».
La tercera pertenece a Bernardo Rivera y está localizada en las proximidades de la residencia conocida como la casa de Coca. Los residentes sostienen que la cercanía de estas tres explotaciones ha multiplicado los efectos negativos sobre el ambiente, particularmente durante las horas de mayor calor y en períodos de lluvia.
Gestiones sin resultados
Los comunitarios aseguran haber solicitado en múltiples ocasiones a los propietarios que adopten medidas para reducir los malos olores y mejorar las condiciones sanitarias de las instalaciones.
Según los testimonios recopilados por este medio, esas gestiones no produjeron una solución efectiva y las condiciones denunciadas persisten.
Como parte de la investigación, el director de El Faro Latino también realizó gestiones directas con varios de los propietarios para conocer su posición y procurar una solución al conflicto.
Dichas gestiones no produjeron resultados positivos. Asimismo, confieso que, durante una conversación privada con Ambioris Henríquez, recibí expresiones que interpreté como amenazantes, situación que considero incompatible con el ejercicio libre del periodismo y con los esfuerzos orientados a buscar una solución pacífica al problema denunciado por la comunidad.
Lo que establece la legislación dominicana
La Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado el deber de proteger los recursos naturales y garantizar la salud ambiental.
Por su parte, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 establece que ninguna actividad económica puede desarrollarse ocasionando daños a la salud de la población o degradando el medio ambiente.
Asimismo, el Reglamento Técnico Ambiental para la Gestión de Granjas Porcinas dispone que este tipo de explotaciones debe cumplir requisitos relacionados con su ubicación, el manejo adecuado de excretas y aguas residuales, el control de olores, la bioseguridad y la prevención de impactos ambientales.
Las normas emitidas por el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería también establecen obligaciones para este tipo de explotaciones, cuyo cumplimiento corresponde verificar a las autoridades competentes.
Las preguntas que esperan respuesta
Ante las denuncias formuladas por la comunidad, surgen varias interrogantes que las instituciones responsables deberán responder:
- ¿Han sido inspeccionadas estas explotaciones porcinas por el Ministerio de Medio Ambiente?
- ¿Cuentan con las autorizaciones ambientales y sanitarias requeridas?
- ¿La Dirección General de Ganadería ha verificado las condiciones en que operan?
- ¿El Ayuntamiento del municipio de Imbert ha intervenido ante las quejas de los residentes?
- ¿Ha realizado Salud Pública alguna evaluación sobre el impacto sanitario denunciado por la comunidad?
Un llamado a las autoridades
Más allá del conflicto entre vecinos, los residentes sostienen que se trata de un problema de salud pública y de protección ambiental que requiere una respuesta institucional.
Por ello, El Faro Latino exhorta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Agricultura, a la Dirección General de Ganadería, al Ministerio de Salud Pública y al Ayuntamiento del municipio de Imbert a realizar una inspección técnica conjunta y urgente para determinar si estas explotaciones cumplen con la legislación ambiental, sanitaria y municipal vigente.
De comprobarse incumplimientos, la comunidad espera que las autoridades adopten las medidas administrativas y legales correspondientes para garantizar el derecho de los residentes a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y compatible con la dignidad humana.
Mientras tanto, los habitantes de Vuelta Larga continúan esperando una solución que les permita recuperar la tranquilidad de una comunidad que, según afirman, hoy convive diariamente con un problema que afecta su salud, su bienestar y su calidad de vida.
Esta es una noticia en desarrollo, espere más actualizaciones, que incluyen reacciones de las autoridades municipales, provinciales y nacionales que serán entrevistadas por El Faro Latino en los próximos días.
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