Connecticut, EE.UU.— Connecticut Children’s Medical Center llegó a un acuerdo con el gobierno federal para dejar de ofrecer servicios de atención de afirmación de género a pacientes menores de 18 años.
El Departamento de Justicia informó que el centro médico se comprometió a no administrar bloqueadores de la pubertad ni terapias hormonales y a no realizar cirugías de afirmación de género a menores.
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Como parte de la resolución, Connecticut Children’s también aceptó pagar 500,000 dólares a antiguos pacientes que, según el Departamento de Justicia, enfrentan consecuencias perjudiciales relacionadas con esos servicios médicos.
La institución se convirtió en el tercer hospital del país en alcanzar un acuerdo de esta naturaleza, después de Texas Children’s Hospital y Cleveland Clinic Foundation, indicó la agencia federal.
Connecticut Children’s confirmó la resolución y señaló que esta le permitirá continuar concentrada en su misión de mejorar la salud y el bienestar de los niños.
El hospital sostuvo que la privacidad de los pacientes fue una prioridad durante el proceso. También afirmó que pudo resolver el asunto sin entregar información médica protegida al gobierno estadounidense y que continuará cumpliendo las leyes federales y estatales.
Stanley Woodward, fiscal general adjunto asociado, declaró que el Departamento de Justicia aplicará rigurosamente la legislación federal y mantendrá sus esfuerzos dirigidos a proteger a los menores.
El centro médico había anunciado el año pasado el cierre gradual de su programa de atención de género para pacientes menores de 19 años. En ese momento, atribuyó la decisión a una deliberación cuidadosa y al asesoramiento de especialistas médicos y legales.
La investigación federal involucró a la División Civil del Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El acuerdo con el gobierno federal ocurre mientras continúa un litigio presentado por Connecticut y otros 15 estados contra una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el uso de fondos federales para servicios vinculados con la transición de menores. Nueva York, Nueva Jersey y California figuran entre los estados participantes.
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